La Consulta propone implementar la extradición, que actualmente está prohibida en la Constitución, como un mecanismo de cooperación internacional que permitiría expulsar a criminales y narcos para combatir la impunidad y desmantelar bandas.
La Consulta propone garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado a través de un Consejo Fiscal especializado para procesos de selección, evaluación y capacitación de fiscales.
La Consulta busca optimizar la proporcionalidad y representación de la Asamblea Nacional disminuyendo el número de 137 asambleístas que le cuestan al país alrededor de $15.825.00 mensuales.
La Consulta busca que las organizaciones políticas garanticen vinculación de sus miembros, mejorar su desempeño representativo y reducir el gasto estatal.
Se eliminaría la facultad de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los procesos ahora serían públicos y transparentes permitiendo la elección de mejores autoridades.
Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrían ser escogidos por procesos participativos donde se garantice la meritocracia y el control ciudadano.
La Consulta persigue garantizar la protección, conservación, y mantenimiento de las fuentes de agua de las áreas de protección hídrica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La Consulta busca que las poblaciones más necesitadas y que tienen a su cargo el cuidado de la naturaleza, puedan beneficiarse y vean impulsadas sus actividades a favor del ambiente.
